Todavía queda mucho trabajo por hacer. La cultura del
Patronato continúa muy arraigada entre nosotros", asegura Laura Musa,
asesora tutelar del ministerio público de la Ciudad. Cuando en 2005 se
sancionó la ley nacional de protección integral de los derechos de
niñas, niños y adolescentes Nº 26.061 se abrió un proceso de
transformación profunda respecto de las concepciones jurídico-sociales
de la infancia que moldearon las intervenciones estatales sobre las
personas menores de edad durante más de 80 años.
La ley 10.903 de patronato de menores, que rigió desde
1919, estableció un modo de intervención focalizado en la separación de
los niños de su medio familiar por causas asistenciales y la consecuente
institucionalización como medida de protección. "Con la convención de
las nuevas leyes se propuso un sistema de protección integral -analiza
Musa- cuyo punto de partida es el reconocimiento de los menores de edad
como sujetos de derechos, por lo que la institucionalización debe ser
considerada como una alternativa excepcional, limitada en el tiempo y de
último recurso."
En nuestro país, en la actualidad se encuentran 14.675
niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales (familia de origen),
sobre un total de 12.333.747 chicos y chicas, según los resultados del
relevamiento en todo el territorio nacional que realizó el Ministerio de
Desarrollo Social, a través de la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia (Sennaf). El estudio, que se conocerá
oficialmente en los próximos días y que fue realizado mediante un
trabajo en conjunto con Unicef y el aporte técnico de un grupo de
consultores, permitirá avanzar y profundizar sobre las políticas de
restitución de derechos y la implementación de medidas y acciones para
promover el derecho de niñas y niños a la convivencia familiar.
"Es la primera vez que en Argentina se realiza un
relevamiento tan completo y de carácter presencial -explica Gimol Pinto,
experta en protección de derechos de Unicef-. No sólo brinda
información sobre el número de chicos, sino que permite tener una visión
clara de hacia dónde se quiere seguir. El estudio da cuenta de la
tensión entre las normas establecidas y su aplicación. El denominador
común es la construcción de una nueva institucionalidad."
El informe, al que tuvo acceso LNR, revela que 10.488
menores viven en instituciones públicas y 4187 se encuentran bajo el
cuidado de familias de acogimiento o de corazón, según la denominación
que se les otorgue en cada provincia. La franja de edad más alta
corresponde a adolescentes: el 45 por ciento son chicos que van de los
12 a los 18; el 29 por ciento, menores de entre 6 y 12; y el 26 por
ciento, de primera infancia, de 0 a 5 años. Lo que no se pudo determinar
es la duración de la medida (en Capital Federal, ver más abajo, es de
3,5 años, según la Asesoría General Tutelar). "En algunas jurisdicciones
se puede hacer, en otras no, porque no se contaba con el legajo
completo del menor -explica Gimol Pinto-. Se necesita reconstruir cada
caso para seguir su historia. Esta investigación busca que cada
provincia tenga la información disponible y por sobre todo que sea
accesible. Son 24 jurisdicciones y cada una tiene su código de
procedimiento. Ya estamos diseñando otro relevamiento, esta vez centrado
en los casos." Lo que sí se pudo saber es que más de la mitad de los
chicos que egresan consiguen revincularse familiarmente.
"Para nosotros la desinstitucionalización no es un fin
en sí mismo. No nos preocupa bajar los números, sino garantizar los
derechos de los niños y las niñas -asegura Marisa Graham, directora
nacional de Promoción y de Protección Integral del Sennaf-, y si para
garantizarlos eso implica separarlos de su familia se hará como último
ratio. La institucionalización ha salvado vidas y también las ha
arruinado; por eso, a esta altura debemos abandonar los fundamentalismos
y centrarnos en la necesidad del menor."
El informe sostiene que hoy en ningún lugar de la
República Argentina funciona el concepto de megainstituto como en la era
del Patronato. "Hoy un chico que vive en un hogar concurre a una
escuela por fuera de la institución, está documentado (posee DNI o lo
está tramitando) y tiene cobertura de salud", destaca Graham.
En lo que se refiere a los institutos dependientes de
la ciudad de Buenos Aires -también llamados hogares- permanecen
aproximadamente 1200 menores de edad, según datos otorgados por la
Asesoría General Tutelar (AGT, diciembre de 2011). La normativa vigente
postula la institucionalización como último recurso y por el plazo más
breve posible, que no supere los 90 días; sin embargo, el promedio
permanece los tres años y medio. "La medida de separación del niño del
medio familiar es habitual y no excepcional -señala Ernesto Blanck,
representante de la Secretaría General de Políticas Institucional de AGT
-aún más al tratarse de menores provenientes de familias pobres." Casi
el 90 por ciento de los hogares -según AGT- mencionaron a la pobreza
como una de las causas que dieron origen a la institucionalización.
"Prueba del incumplimiento del principio legal que ratifica que la
separación familiar no puede en ningún caso deberse a la falta de
recursos económicos (artículo 33 de la Ley 26.061)", subraya Alicia
Guerrero Zarza, coordinadora del Area de Seguimiento de las
Instituciones de AGT (ver caso Ariel Jiménez).
En cuanto al relevamiento llevado a cabo por el
Ministerio de Desarrollo Social, la representante de Unicef Gimol Pinto
destaca que el causal, en la mayoría de las separaciones a nivel
nacional, responde a maltratos, negligencia y abusos. "Lo que nos obliga
a repensar por qué, en cuanto se refiere a violencia familiar, no se
aplica la ley contra la violencia y la medida termina cayendo sobre el
menor, como si fuera un castigo, y no sobre el agresor. Somos
conscientes de que la orden de separación se aplica para proteger la
integridad física del chico, pero es un llamado de atención para que
este tipo de disposición pueda ser sustituida por otra. Es una línea de
trabajo a desarrollar -enfatiza-. Es cierto que todavía tenemos que
sacarnos de encima 80 años de la ley de patronato y sólo llevamos siete
en la construcción de la nueva ley. El chico merece la mejor estrategia
de protección de derechos. El desafío es desmontar viejas prácticas que
ponen como excusa su protección, pero que lamentablemente termina
vulnerando sus derechos."
Según el Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas (Indec 2010), la población total de la ciudad de Buenos Aires
es de 2.890.151 personas (1.329.681 varones y 1.560.470 mujeres), y de
ese total casi el 21 por ciento son niñas, niños y adolescentes de 0 a
18 años (600.684 menores de edad). Un informe reciente del Centro de
Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano (Cedem 2011) arrojó
que los hogares con presencia de menores de 14 años representan una
proporción elevada de aquellos con ingresos inferiores a la canasta
básica (42,2%); en tanto, el 22,4% de los adolescentes de 15 a 18 años
en la ciudad -tal como indicó la Encuesta Anual de Hogares (EAH, 2010)-
son pobres.
"La pobreza es la variable común y a veces el indicador
exclusivo que motiva a la institucionalización -determina Ana María
Dubaniewicz, psicóloga especialista en la temática de abandono de
menores y autora de La internación de menores como privación de libertad
(ver caso aparte)-, lo que queda como evidencia de que a pesar de la
modificación de la ley, se sigue trabajando bajo el legado del
patronato. Que los chicos estén hoy internados es un negocio. No hay
duda de eso."
La ciudad dispone, en la actualidad, de 94 sedes
institucionales. Estos dispositivos reciben subsidios con montos
diferenciados, según la modalidad de atención. Los paradores (en los
que el chico pasa algunas horas) cobran 1478,40 pesos por cada uno de
los menores, los convivenciales, 1835,70, y los de atención
especializada entre 5700 y 6600 pesos, según datos de Asesoría General
Tutelar (2011)."Con lo que se paga a estas entidades, el gobierno podría
solventar diferentes recursos, como el desembolso del alquiler a una
familia (por los cinco chicos Jiménez se abonaba por mes 7500 pesos) o
el sueldo de un operador que asista. Pero resulta más fácil
desentenderse del chico y depositarlo", dispara Musa.
DEPRESION: NIÑOS MEDICADOS
Con problemas. Eso es lo que queda registrado en el
libro por cada chico que es medicado. La pregunta es ¿de qué problema
hablamos? Los primeros tranquilizantes llegan después de que un papá o
una mamá no aparece a una visita prevista o simplemente a las largas
noches en un lugar extraño lejos de los suyos. Excitación psicomotriz es
el diagnóstico común. Este comportamiento hace que muchos de los
menores terminen en instituciones de cuidados especiales o en hogares
terapéuticos de salud mental.
En septiembre de 2010, el Ministerio Público Tutelar
presentó un habeas corpus colectivo por chicos con alta médica
depositados en el neuropsiquiátrico Tobar García y en el Torcuato de
Alvear. "Menores que luego de su tratamiento no fueron recibidos en
hogares por considerarlos problemáticos -apunta Musa-. Mientras les
buscaban un lugar, se los dejó ahí y esto es gravísimo." Esta práctica,
declarada ilegal, ocurre en los casos de pacientes pobres. "Una vez
externados no cuentan con recursos propios para llevar adelante un
tratamiento adecuado, como ser hospital de día, casa de medio camino,
acompañantes terapéuticos o tratamiento ambulatorio, los cuales deben
ser provistos por el Estado", detalla el informe emitido el 29 de
diciembre de 2010 por el Ministerio Público Tutelar. "No se puede hacer
política social manteniendo a un chico en un manicomio. Encontramos
casos tremendos, como el de un adolescente que hacía un año que tenía el
alta médica y seguía internado en el Tobar García -agrega Musa-. Esta
es una zona gris, demasiado gris."
En internet.
www.sennaf.gov.ar
www.desarrollosocial.gov.ar
www.asesoria.jusbaires.gov.ar
www.unicef.org/argentina/.
No hay comentarios:
Publicar un comentario