El sistema interamericano de derechos humanos" -edificado por el Pacto de San José de Costa Rica- está en grave peligro, asediado por los llamados "países bolivarianos" a los que incomoda, muy particularmente, la garantía regional que protege a la libertad de expresión e información porque ella se interpone frontalmente a su deseo compartido de poder instalar el discurso único autoritario que pretenden.
Está claro que mientras impere esa libertad quedarán al descubierto su populismo político, sus desaciertos de toda índole y la corrupción generalizada que los inunda.
Los "países bolivarianos" han logrado conformar un bloque aparentemente sólido de 17 países de la región, esto es apenas uno menos de lo que supondría alcanzar la mayoría de los 34 países que componen tal área.
Ese bloque ha sido conseguido mediante la utilización activa de "Petrocaribe", esquema a través del cual Venezuela parece comprar lealtades a cambio de entregar petróleo crudo a precios subsidiados a algunos pequeños países del Caribe.
Brasil y la Argentina desgraciadamente parecen estar entre esos 17 votos. Brasil, por la incomodidad generada por el poco político "veto" de la Comisión a la construcción de una represa en el Amazonas, por razones ambientales, lo que ha irritado a Dilma Rousseff. Brasil por ello no oculta su desagrado y emite señales inequívocas como la de no presentar candidato a integrar la Comisión.
Lo preocupante es el llamativo silencio de los demás países, que no acompañan los esfuerzos por cercenar las posibilidades de actuación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
México, con Felipe Calderón, era un defensor activo del "sistema". Con Enrique Peña Nieto, habrá que verlo. Chile parece haber relacionado su silencio en este tema con el apoyo explícito ecuatoriano en su diferendo por la jurisdicción sobre el mar con Perú, disputa que hoy se dirime ante la Corte Internacional de Justicia.
Colombia, pese a la clarísima postura personal de Juan Manuel Santos, defensor acérrimo de la Comisión, tiene, no obstante en su canciller, María Ángela Holguín, una persona quizá demasiado cercana al canciller venezolano, Nicolás Maduro, un enemigo cierto de la Comisión. Por esto, bajo la excusa de privilegiar el proceso de paz, Colombia podría, más allá de la impecable postura de su presidente, no ser todo lo activa que debiera en este delicado tema.
Estos ataques, que tienen que ver con una libertad imprescindible para la defensa de todas las demás, sugieren que las voces de la región también debieran estar mucho más activas en la defensa del "sistema", estrechamente asociada a la defensa de la libertad de expresión. Por ello, la preocupación a la que aludimos no puede silenciarse y debe ser difundida antes de que sea demasiado tarde y, la región toda y sus pueblos queden desguarnecidos.
La Nación - Martes 09 de octubre de 2012
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